ÚLTIMA HORA: El Tribunal del Noveno Circuito confirma la autoridad del Tribunal Federal en la demanda que impugna el intento de la Administración Trump de retirar el TPS a los venezolanos.
LOS ÁNGELES — Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos confirmó hoy por unanimidad el fallo de un juez federal que concluyó que la terminación sin precedentes del Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 600 000 venezolanos es ilegal, y sostuvo que el juez federal tiene la autoridad para decidir el caso.
«Esta es una victoria para la comunidad TPS. Estamos aquí porque nuestro país está en crisis. Por eso existe el TPS», dijo Cecilia González, demandante venezolana con TPS. «El Noveno Circuito ha reconocido que la administración Trump no puede eliminar el TPS simplemente porque no les gusta. Seguiremos luchando por nuestros derechos bajo la ley».
La sentencia del Noveno Circuito en NTPSA contra Noem reconoció además que los titulares del TPS se enfrentan a graves perjuicios como consecuencia de las acciones ilegales de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Se enfrentan a la detención, la deportación, la separación familiar y la pérdida de su empleo. Esta decisión, por sí sola, no protege a los titulares venezolanos del TPS, dado que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos suspendió anteriormente la medida de emergencia ordenada por el tribunal de distrito a principios de este año. Sin embargo, sí significa que el tribunal de distrito ahora tiene libertad para emitir su decisión sobre la medida de alivio definitiva, ya que había suspendido el caso a la espera de orientación del Tribunal de Apelaciones.
«Afortunadamente, la sentencia de hoy demuestra que la administración Trump no está por encima de la ley», afirmó Freddy Arape, especialista en TI y titular de TPS. «Para mí y para muchos otros que huimos de la violencia y la inestabilidad en nuestros países de origen, el TPS ha sido un salvavidas. Tengo la esperanza de que las protecciones humanitarias que creó el Congreso continúen».
«Ahora hay dos decisiones exhaustivas que explican cuidadosamente por qué la vacatur venezolana es ilegal, pero ninguna de ellas tiene efecto debido a la orden sin fundamento de dos párrafos de la Corte Suprema de los Estados Unidos», dijo Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política Migratoria de la UCLA. «Así no es como debería funcionar un sistema jurídico racional».
«Trump ha intentado destruir el TPS desde el primer día», afirmó Emi MacLean, abogada de la ACLU del Norte de California. «Los únicos tribunales que han revisado de manera significativa las acciones de este gobierno han rechazado la postura extrema del gobierno de que la administración puede hacer lo que quiera, sin tener en cuenta la legislación vigente».
«La decisión de hoy no nos da una solución inmediata, pero envía una señal de que estamos en el lado correcto de la historia. Al obtener una decisión justa de un sistema judicial que está perdiendo credibilidad por no controlar de manera significativa el autoritarismo sin precedentes de la Administración Trump, los inmigrantes están preservando una vez más el debido proceso y los controles y equilibrios que son la piedra angular de la democracia estadounidense para todos los habitantes de este país», afirmó José Palma, coordinador adjunto de la Alianza Nacional TPS.
«Cada día, los titulares venezolanos del TPS son despedidos de sus trabajos, detenidos y deportados a un país que, según el Departamento de Estado, no es seguro ni siquiera para visitar, a pesar de que la Administración Trump no tenía autoridad para revocar su estatus legal», afirmó Jessica Bansal, abogada de la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON). «Esperamos que la decisión de hoy allane el camino para que el tribunal de distrito tome rápidamente una decisión definitiva que permita restablecer las protecciones que tanto se necesitan».
«La decisión del Tribunal de Apelación respalda la decisión clara, razonada y basada en pruebas del Tribunal de Distrito de posponer la cancelación sin precedentes del estatus TPS: el secretario no puede simplemente inventarse procedimientos contrarios a la ley del Congreso para perjudicar irreparablemente a personas que están protegidas por la ley», dijo Erik Crew, abogado de Haitian Bridge Alliance. «Es triste que la vida de tantas personas ya se haya visto perjudicada por la campaña extremista y racista que esta Administración está llevando a cabo contra determinadas comunidades, y que esta orden aún pueda ser objeto de apelación, pero Haitian Bridge Alliance seguirá luchando para mitigar el daño ya causado y proteger a todos los titulares del TPS, la dignidad humana básica, el estado de derecho y la integridad de nuestra nación».
Los demandantes están representados por la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON), las Fundaciones ACLU del Norte y Sur de California, el Centro de Derecho y Política Migratoria (CILP) de la Facultad de Derecho de la UCLA y la Alianza Haitiana Bridge.
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