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24 de agosto de 2018
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Documentos revelan cómo la agenda racista «America First» de Trump presionó al DHS para que pusiera fin al programa humanitario
Los titulares del TPS solicitan la intervención judicial para evitar la terminación de su estatus migratorio legal
SAN FRANCISCO – El jueves, nueve titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS) y cinco de sus hijos ciudadanos estadounidenses presentaron unasolicitud de medida cautelarpara detener la terminación del TPS para Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador. En su demanda judicial, los demandantes revelaron por primera vezdocumentos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que muestran que los representantes de la Administración Trump que trabajan en el Departamento de Seguridad Nacional manipularon el proceso de toma de decisiones para poner fin al estatus TPS de las personas de estos países, a pesar de que las condiciones sobre el terreno exigían que se prorrogara el TPS según lo establecido en la ley.
En notas personales dirigidas a sí misma, la entonces secretaria interina del DHS, Elaine Duke, escribió:
Además, en vísperas de la decisión de poner fin al TPS para Sudán, el actual director del USCIS, Francis Cissna, describió con precisión el memorándum del USCIS en el que se recomendaba poner fin al TPS para Sudán:
Los despidos comenzarán a partir del 2 de noviembre y dejarán a cientos de miles de personas sin la condición jurídica en la que ellos y sus familias han confiado durante años o décadas.
«Después de más de 20 años en Estados Unidos, toda mi vida dio un vuelco el día en que el Gobierno anunció repentinamente el fin del TPS para Sudán», afirmóHiwaida Elarabi, una sudanesa de 55 años beneficiaria del TPS y demandante en el caso. «Hoy me uno a los cientos de miles de beneficiarios del TPS que juntos buscan detener la catastrófica —e ilegal— suspensión de la protección humanitaria».
«Los documentos del DHS que hemos descubierto muestran hasta dónde ha llegado la administración Trump para poner fin a una forma fiable y exigida por el Congreso de protección humanitaria en materia de inmigración», afirmóEmi MacLean, codirectora jurídica de la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON). «El tribunal, nuestros representantes electos y la ciudadanía deben rechazar la manipulación racista de la toma de decisiones del Gobierno que ha llevado a estas terminaciones del TPS. Trump no tendrá la última palabra».
Los demandantes pretenden impedir las terminaciones previstas del TPS por considerarlas violaciones de la Cláusula de Igualdad de Protección de la Constitución y de la Ley de Procedimiento Administrativo. «Las pruebas son claras: la administración Trump infringió la ley y violó la Constitución para impulsar su agenda de políticas de inmigración supremacistas blancas», afirmóAhilan Arulanantham, abogado principal de la Fundación ACLU del Sur de California (ACLU SoCal). «Esperamos poder hacerles rendir cuentas ante los tribunales».
Los demandantes están representados por NDLON, ACLU SoCal y el bufete de abogados Sidley Austin. Los demandantes son miembros de diversas organizaciones que luchan por defender el TPS, entre ellas la Alianza Nacional TPS, CARECEN-Los Ángeles, UNITE-HERE y African Communities Together.Leaaquíla demanda, las historias de los demandantes y los documentos recientemente publicados.