Para publicación inmediata: 24 de octubre de 2018 Contacto: Armando Carmona, 951-966-6500, o armando@ndlon.org, ACLU SoCal Communications, (213) 977-5252, o communications@aclusocal.org Abogados y titulares del TPS debaten el plan del DHS para cumplir con la orden judicial que bloquea la terminación del TPS Aquí está la grabación de la llamada. San Francisco, California. En una rueda de prensa celebrada hoy, Temporary...

Hoy, el juez federal de distrito Edward Chen emitió una orden judicial preliminar que bloquea la decisión de la administración Trump de revocar el estatus legal de los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán. La administración Trump había revocado el estatus legal de más de 300 000 personas de estos países que han vivido legalmente en los Estados Unidos durante años o décadas, y las primeras revocaciones estaban previstas para el 2 de noviembre.

El miércoles, el sindicato Teamsters, junto con otros poderosos grupos y organizaciones sindicales, se unirá a la Jornada por la Justicia con una gran movilización en los Centros de Detención Metropolitanos de Los Ángeles. El sindicato Teamsters, compuesto por trabajadores de almacenes y camioneros, cuenta con miles de titulares de TPS que son miembros del poderoso sindicato. Se unen a la Jornada por la Justicia de la Alianza Nacional TPS para corear ¡LOS DERECHOS DE LOS INMIGRANTES SON DERECHOS DE LOS TRABAJADORES! Miles de titulares del TPS, todos ellos amenazados con la deportación por la terminación del TPS por parte de la administración Trump, trabajan como camioneros y trabajadores de almacén en los puertos. La mayoría de ellos son miembros del sindicato Teamsters y participarán durante todos los días de acción.

Ayer, varios estados y jurisdicciones locales presentaron escritos de amicus curiae en apoyo a los demandantes en el caso Ramos contra Nielsen, que impugna la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 300 000 personas de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán. Los titulares del TPS han vivido legalmente en los Estados Unidos durante años o décadas, pero corren el riesgo de perder su estatus legal a partir del 2 de noviembre si no interviene el tribunal.