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12 de marzo de 2017
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Los titulares de TPS y sus hijos presentan una demanda contra la administración Trump
200 000 personas podrían verse obligadas a abandonar el país por la medida de Trump
SAN FRANCISCO – Diez personas con Estatus de Protección Temporal (TPS) y cinco hijos ciudadanos estadounidenses de titulares de TPS presentaron hoy una demanda contra el gobierno federal para detener la terminación ilegal del TPS para más de 200,000 personas que viven en los Estados Unidos y para proteger a las decenas de miles de niños ciudadanos estadounidenses cuyos padres se verían obligados a irse bajo la política de la administración.
La demanda fue presentada ante el Tribunal Federal de Distrito de San Francisco por la Fundación ACLU del Sur de California, la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON) y el bufete de abogados Sidley Austin LLP.
La administración Trump adoptó una nueva interpretación mucho más restrictiva de la ley federal que rige el TPS y luego utilizó esa interpretación para poner fin al estatus TPS de todas las personas procedentes de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán. Muchos de los titulares del TPS de esos países han residido en los Estados Unidos durante 20 años o más, pero se verán obligados a abandonar el país si la nueva política de la administración sigue en vigor. Sus hijos, ciudadanos estadounidenses, se verán entonces obligados a separarse de sus padres o a abandonar el único país que han conocido.
«Estos niños estadounidenses no deberían tener que elegir entre su país y su familia», afirmó Ahilan Arulanantham, director jurídico y de defensa de la ACLU del sur de California.
«He vivido aquí casi el doble de tiempo que en El Salvador. Mi hogar y mi familia están aquí», dijo Orlando Zepeda, de 51 años, padre de dos hijos y miembro de la Alianza Nacional TPS, una coalición creada y dirigida por beneficiarios del TPS con la misión de defender este programa. «La decisión de poner fin al TPS para El Salvador y otros países fue devastadora. Hoy nos unimos para decir que también fue ilegal».
«Con un simple trazo de pluma, esta administración trastornó la vida de cientos de miles de personas que residían legalmente en Estados Unidos desde hacía años y, en algunos casos, décadas», afirmó Emi MacLean, abogada de NDLON. «Pero al poner fin al TPS de la forma en que lo hizo, esta administración ejerció una autoridad que no le correspondía».
La denuncia también sostiene que la visión restrictiva de la administración sobre las leyes del TPS era inconstitucional, ya que se adoptó para promover la agenda antiinmigrante y supremacista blanca de la administración. A principios de este año, durante una negociación sobre el destino de las personas que tienen el estatus de TPS, Trump se refirió a los países afectados como «países de mierda».
Los demandantes son miembros de diversas organizaciones que luchan por defender el TPS, entre ellas la Alianza Nacional TPS, CARECEN-Los Ángeles, el Sindicato Internacional de Pintores y Oficios Afines (IUPAT), UNITE-HERE y African Communities Together.
Su demanda es la primera en impugnar las terminaciones del TPS en nombre de los hijos estadounidenses de los titulares del TPS, y la primera en impugnar las cuatro terminaciones del TPS que han tenido lugar bajo la administración Trump.
Lea la demanda aquí.
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