Los titulares de TPS demandan a la administración Trump por intentar ilegalmente retirar la protección a los venezolanos
Grupos de derechos civiles impugnan la suspensión ilegal por parte de Trump de la ayuda humanitaria a 600 000 personas
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20 de febrero de 2025
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SAN FRANCISCO – Un grupo de venezolanos con Estatus de Protección Temporal (TPS) demandó hoy a la administración Trump por su intento sin precedentes de despojar a cientos de miles de migrantes de su estatus migratorio legal.
La demanda, presentada por la Alianza Nacional TPS y ocho titulares venezolanos de TPS, acusa a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de revocar ilegalmente una prórroga de 18 meses del TPS para los venezolanos que la administración Biden concedió en enero. La revocación de Noem significa que 350 000 venezolanos perderán ahora el TPS el 7 de abril, en menos de dos meses, y se espera que otros 250 000 lo pierdan en septiembre de 2025, en lugar de conservar la protección hasta octubre de 2026.
«Los titulares del TPS son madres, padres, trabajadores y miembros activos de nuestra comunidad», afirmó José Palma, coordinador de la Alianza Nacional TPS, una organización dirigida por sus miembros que agrupa a decenas de miles de titulares del TPS de todo el país. «Rechazamos la descripción racista e inexacta que hace la administración Trump de los titulares venezolanos del TPS. Los titulares venezolanos del TPS, al igual que todos los titulares del TPS, se encuentran aquí legalmente en virtud de la protección que se les ha concedido, ya que en estos momentos no es seguro para ellos regresar a su país. Revocar ilegalmente su estatus legal es cruel y perjudicial tanto para los titulares del TPS como para nuestras comunidades».
La decisión del gobierno no solo priva a más de 600 000 venezolanos que viven en Estados Unidos de su estatus legal y sus permisos de trabajo, sino que también los pone en grave peligro si se ven obligados a regresar a un país que se encuentra en medio de una crisis económica y política sin precedentes.
«Estoy atónito por haberme quitado el TPS sin previo aviso. Confié en que el gobierno cumpliría su palabra cuando prorrogó el TPS, y ahora mi vida está patas arriba», dijo Freddy Arape, especialista en soporte informático en Texas y uno de los demandantes en el caso. «No tiene sentido: el TPS existe precisamente para la situación a la que se enfrentan los venezolanos en este momento: no podemos regresar de forma segura a Venezuela, un país en crisis».
El tema en cuestión en este caso es la medida sin precedentes tomada por la administración de revocar una prórroga del TPS apenas unas semanas después de haberla concedido. Desde que el Congreso estableció el TPS en 1990, ninguna administración había tomado medidas para revocarlo antes de tiempo, antes del plazo de 18 meses especificado por la ley, hasta ahora.
La demanda sostiene que el DHS violó la Ley de Procedimiento Administrativo porque la ley no permite rescisiones anticipadas y no siguió las normas necesarias al apresurarse a tomar su nueva decisión sin la revisión requerida.
La demanda también impugna el despido por estar motivado por animadversión racial, lo que viola la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza la igualdad de protección. Durante la campaña, y al anunciar la nueva decisión sobre el TPS, la secretaria Noem y el presidente Trump han utilizado constantemente tropos racistas para deshumanizar a los venezolanos.
Los demandantes están representados por la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON), las Fundaciones ACLU del Norte y Sur de California, y el Centro de Derecho y Política de Inmigración (CILP) de la Facultad de Derecho de la UCLA.
«La secretaria Noem no tenía autoridad para «deshacer» la ampliación legal de la protección humanitaria a los migrantes venezolanos por parte de la Administración Biden. Y su explicación de su decisión es irracional y está plagada de errores jurídicos. La Ley de Procedimiento Administrativo exige una toma de decisiones razonada, y este no es el caso», afirma Jessica Bansal, abogada de NDLON que representa a los demandantes.
«Venezuela está en crisis. Incluso Trump lo admite. La afluencia de venezolanos a Estados Unidos debido a la crisis humanitaria de su país es precisamente la razón por la que existe el TPS», afirma Emi MacLean, abogada de la ACLU del Norte de California, que representa a los demandantes. «Revocar el TPS para los venezolanos es fruto de motivaciones racistas prohibidas por la Constitución; es inconstitucional».
«El Congreso promulgó la ley TPS para garantizar que Estados Unidos siguiera una política de protección humanitaria coherente y predecible. El intento de la Administración de despojar a 600 000 venezolanos del estatus que el Gobierno les prometió hace apenas unas semanas es contrario a la intención del Congreso», afirmó Ahilan Arulanantham, codirector académico del CILP.
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