Última hora: El Tribunal Federal dictamina que la Administración Trump puso fin ilegalmente al TPS para Honduras, Nepal y Nicaragua.
SAN FRANCISCO — La repentina decisión de la administración Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para personas procedentes de Honduras, Nepal y Nicaragua es ilegal, según dictaminó el miércoles un tribunal federal.
En una decisión de 52 páginas en la que se concedía una solicitud de sentencia sumaria, la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Trina L. Thompson escribió: «El secretario (del Departamento de Seguridad Nacional) tomó una decisión predeterminada de poner fin al TPS e influyó en el proceso de revisión de las condiciones para facilitar la terminación del TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal».
El tribunal también rechazó la solicitud del Gobierno de desestimar el caso. En cambio, concluyó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no cumplió con la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), que exige tener en cuenta las condiciones del país y consultar con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y que, en cambio, distorsionó el proceso de revisión para lograr el resultado deseado de poner fin al TPS para Honduras, Nepal y Nicaragua.
«El TPS nos ha proporcionado a mí y a mis hijos una protección humanitaria esencial», afirmó Sandhya Lama, una demandante de 43 años de Nepal que vive en Estados Unidos desde 2008 y es madre soltera de tres hijos ciudadanos estadounidenses. «Estoy agradecida de que esta orden signifique que puedo volver a trabajar y vivir con seguridad en Estados Unidos, pero nunca se debería haber permitido al secretario actuar con tal desprecio por la ley».
La decisión afecta a aproximadamente 60 000 personas, muchas de las cuales llegaron a los Estados Unidos en la década de 1990, que se enfrentan a la amenaza de deportación y separación familiar si se les retira la protección del TPS. La mayoría ya se enfrentaba a graves dificultades económicas como consecuencia de las decisiones ilegales del Gobierno de Trump.
«La orden judicial de hoy es un gran alivio, pero la decisión del Gobierno de poner fin al TPS ya ha causado estragos en mi vida y en la de muchas otras personas», afirmó Jhony Silva, un demandante de 29 años procedente de Honduras. «He vivido en Estados Unidos desde que tenía tres años, pero perdí mi trabajo como auxiliar de enfermería titulado debido a la terminación y tuve que dejar mis estudios para convertirme en enfermero. Espero que esto signifique que mi hijo y yo podamos estar seguros en Estados Unidos por el momento, pero no dejaremos de luchar para proteger nuestros derechos y los derechos de los demás».
Los demandantes están representados por la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON), las Fundaciones ACLU del Norte y Sur de California, el Centro de Derecho y Política de Inmigración (CILP) de la Facultad de Derecho de la UCLA y la Alianza Haitiana Bridge.
«La sentencia de hoy confirma que la decisión de la Administración Trump de privar a 60 000 residentes de larga duración procedentes de Honduras, Nicaragua y Nepal de su estatus migratorio legal en virtud del programa TPS era ilegal», afirmó Jessica Bansal, abogada de la Organización Nacional de Jornaleros. «El daño ya causado por las acciones crueles e ilegales de la administración no se puede reparar, pero tenemos la esperanza de que, con esta sentencia, el nuevo año traiga algo de justicia y paz a la comunidad de titulares del TPS».
En julio, la Alianza Nacional TPS y siete titulares individuales de TPS demandaron al Departamento de Seguridad Nacional, impugnando la decisión de retirar abruptamente las protecciones sin una revisión cuidadosa de los hechos, tal y como exige el Congreso.
«La Alianza Nacional TPS celebra la decisión de hoy a favor de nuestros miembros de Honduras, Nepal y Nicaragua», dijo José Palma, coordinador de la Alianza Nacional TPS. «Una vez más, los tribunales han confirmado que el intento de poner fin al TPS era ilegal. Esta victoria da esperanza a más de 60 000 beneficiarios del TPS a quienes se les ha retirado ilegalmente la protección, dejándolos vulnerables a la deportación. La decisión del tribunal es un testimonio de la resiliencia y la determinación de los titulares del TPS y sus aliados. Ahora es el momento de que los legisladores escuchen y actúen».
«La decisión del tribunal de hoy restablece las protecciones del TPS para miles de residentes de Honduras, Nepal y Nicaragua que llevan mucho tiempo cumpliendo la ley y son titulares del TPS», afirmó Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política Migratoria de la UCLA. «En virtud de la decisión del tribunal, los empleadores están obligados por ley a respetar los documentos de autorización de empleo de los titulares del TPS de esos países, y sería ilegal que el Gobierno los detuviera e intentara deportarlos».
«La secretaria Noem debe cumplir la ley. Este tribunal ha considerado que las pruebas de que no lo ha hecho son abrumadoras», afirmó Emi MacLean, abogada de la Fundación ACLU del Norte de California. «La ley del TPS ha proporcionado una protección humanitaria esencial durante 35 años. No se puede ignorar tan fácilmente».
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