Última hora: LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL OFRECE UNA VICTORIA ROTUNDA A LA ALIANZA TPS EN NTPSA CONTRA NOEM
LOS ÁNGELES— El miércoles, un tribunal federal de apelaciones dictaminó que la decisión tomada en 2025 por la administración Trump de retirar abruptamente el Estatus de Protección Temporal (TPS) a 600 000 venezolanos era ilegal.
En un fallo de 48 páginas, el tribunal compuesto por tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos concluyó que «las acciones de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, contradicen fundamentalmente el diseño estatutario del Congreso, y su afirmación de un poder bruto y sin control para anular el TPS de un país es irreconciliable con el lenguaje claro del estatuto». El tribunal confirmó la decisión del tribunal de distrito que anulaba la decisión ilegal de la secretaria por ser un intento de «ejercer poderes que el Congreso simplemente no le otorgó en virtud de la ley».
En una contundente concurrencia, el juez Mendoza explicó que también habría considerado ilegal la decisión de la administración porque estaba motivada por animadversión racial contra los venezolanos. Su decisión relata la historia de declaraciones racistas de la secretaria Noem y el presidente Trump contra la población venezolana en particular.
La sentencia del Noveno Circuito se produce después de que otros tribunales federales hayan rechazado la explicación del Gobierno para revocar la prórroga del TPS para los venezolanos, que no expira hasta octubre de 2026.
El caso NTPSA contra Noem, se presentó en febrero de 2025 para impugnar la terminación repentina del TPS para los titulares venezolanos del TPS, y posteriormente se modificó para incluir a los titulares haitianos del TPS después de que la secretaria del DHS, Kristi Noem, pusiera fin abruptamente a una prórroga del TPS para Haití. Impugna la terminación del TPS por estar motivada de manera inconstitucional por animadversión racial y por ser arbitraria, caprichosa y exceder la autoridad legal, en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA). Las medidas del Gobierno para poner fin al programa TPS para numerosos países constituyen la mayor desdocumentación de personas en la historia de este país, privando a cientos de miles de personas de protecciones humanitarias con el fin de justificar su deportación.
«La victoria de hoy demuestra la fortaleza de la comunidad TPS. Mientras los beneficiarios del TPS se enfrentan a la pérdida de protecciones, a la discriminación y a la detención, lucharemos con determinación inquebrantable para proteger a los beneficiarios venezolanos del TPS y defender a todos los beneficiarios del TPS en todo el país. El Congreso debe actuar para proporcionar un estatus permanente. La justicia para nuestra comunidad no exige menos». José Palma, coordinador de la Alianza Nacional TPS.
Los demandantes están representados por la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON), las Fundaciones ACLU del Norte y Sur de California, el Centro de Derecho y Política de Inmigración (CILP) de la Facultad de Derecho de la UCLA y la Alianza Haitiana Bridge.
«Venezuela y Haití fueron la punta del iceberg, pero la administración ha procedido a eliminar las protecciones del TPS de todos los grupos de personas que han dependido de estas protecciones. Se trata de un esfuerzo generalizado por destruir el programa TPS, que se creó con el propósito expreso de limitar el poder bruto y sin control del ejecutivo», afirmó Emi MacLean, abogada sénior de la Fundación ACLU del Norte de California.
Esta última sentencia rechaza el recurso del Gobierno contra la sentencia definitiva del tribunal de distrito del 5 de septiembre de que la cancelación del TPS para venezolanos y haitianos era ilegal y debía ser anulada. El 3 de octubre, en una decisión inexplicable de dos párrafos decisiones en su agenda paralela, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos suspendió la sentencia del tribunal de distrito y dio vía libre a la administración Trump para despojar a las personas de sus derechos y ponerlas en riesgo inmediato de detención y deportación al poner fin al TPS para los venezolanos mientras se tramitaba la apelación.
Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política Migratoria (CILP) de la UCLA, que defendió el caso en nombre de los demandantes, afirmó: «A pesar de esta contundente sentencia, no hay duda de que el Gobierno seguirá deteniendo y deportando ilegalmente a los titulares venezolanos del TPS debido a la inexplicable orden de dos párrafos del Tribunal Supremo que suspendió la sentencia del tribunal inferior en este caso. Debido a la acción previa del Tribunal Supremo, la decisión de hoy no cambia nada de forma inmediata sobre el terreno. No hay ejemplo más claro del comportamiento ilegal del Tribunal Supremo que lo que ha permitido en este caso». »
«A pesar de que el Noveno Circuito ha confirmado, una vez más, que la secretaria Noem infringió la ley al revocar el TPS a 600 000 venezolanos, los titulares del TPS siguen enfrentándose a la detención y la deportación porque una orden judicial secreta del Tribunal Supremo permite que la revocación surta efecto de todos modos. El alcance de la ilegalidad en nuestro sistema de inmigración en este momento es realmente difícil de comprender.», dijo Jessica Bansal, asesora jurídica del TPS en la Red Nacional de Organización de Jornaleros.
Lea la sentencia AQUÍ
###