ÚLTIMA HORA: En una orden sumaria, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos respalda a la Administración Trump y retira la protección a 350 000 venezolanos beneficiarios del TPS.
350 000 venezolanos pierden su estatus legal y sus permisos de trabajo, y corren el riesgo de ser deportados.
Vea la rueda de prensa virtual:
WASHINGTON, D.C.– Hoy, en una orden resumida de dos párrafos, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha concedido una suspensión de la orden del tribunal de distrito en NTPSA contra Noem, una impugnación a la cancelación por parte de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de la protección humanitaria a los titulares venezolanos del Estatus de Protección Temporal (TPS). Esta medida del Tribunal Supremo despoja de su estatus legal y de sus permisos de trabajo a 350 000 inmigrantes venezolanos que han buscado refugio en Estados Unidos y no pueden regresar de forma segura a Venezuela.
«Mi hija y yo no podemos regresar con seguridad a Venezuela, que se encuentra en crisis. La pérdida inmediata de nuestro TPS nos causa un daño extraordinario. Ahora tememos ser deportadas y nos costará mucho poder mantenernos», dijo E.R., demandante en el caso. «Seguiremos defendiendo nuestros derechos y los derechos de otros titulares del TPS. Se supone que esta ley proporciona protección humanitaria a personas como nosotros. Esto debe significar algo».
«Seguiremos luchando para defender los derechos de los titulares del TPS en la medida en que lo permita la ley. Pero no nos equivoquemos, la decisión de hoy causa un daño devastador a cientos de miles de personas mientras se desarrolla este caso», afirmó Jessica Bansal, abogada de la Red Nacional de Organización de Jornaleros.
«Con la decisión de hoy, el Tribunal Supremo ha inmunizado efectivamente la ilegalidad de la secretaria Noem», afirmó Emi MacLean, abogada de la Fundación ACLU del Norte de California. «El tribunal también ha eliminado las protecciones legales diseñadas para limitar la discrecionalidad ejecutiva y la politización de la toma de decisiones sobre la ayuda humanitaria generalizada. Estamos evaluando nuestras opciones y seguimos comprometidos con la defensa de los derechos de las personas afectadas por las acciones ilegales de esta administración».
«Esta es la mayor acción individual que ha despojado a un grupo de no ciudadanos de su estatus migratorio en la historia moderna de Estados Unidos», afirmó Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política Migratoria (CILP) de la Facultad de Derecho de la UCLA y uno de los abogados de los demandantes. «Que el Tribunal Supremo lo haya autorizado en una orden de dos párrafos sin razonamiento alguno es realmente impactante. El impacto humanitario y económico de la decisión del Tribunal se notará de inmediato y repercutirá durante generaciones».
«El revés sufrido hoy en el Tribunal Supremo no nos disuadirá. La Administración Trump no nos detendrá», afirmó José Palma, coordinador de la Alianza Nacional TPS. «Al contrario, nunca renunciaremos a nuestros derechos fundamentales y nunca nos callaremos por miedo. Estados Unidos se comprometió a protegernos y haremos que esta Administración cumpla su palabra. Seguiremos defendiendo nuestra causa ante los tribunales y ante la opinión pública. Al igual que todas las generaciones anteriores de inmigrantes en este país, defenderemos a nuestras familias y exigiremos la misma protección ante la ley».
Antecedentes: La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, intentó retirar la protección del TPS a los venezolanos pocos días después de su confirmación en enero. El TPS proporciona protección humanitaria general a las personas cuando no es seguro para ellas regresar a su país de origen. Esta es la primera vez en los 35 años de historia de la ley que un gobierno intenta revocar la concesión del TPS. La Alianza Nacional TPS y once personas presentaron una demanda para impugnar la medida sin precedentes del Gobierno federal. Un tribunal federal de distrito suspendió su decisión a la espera de una resolución definitiva del caso, al considerar que la decisión de la secretaria parecía estar motivada por prejuicios raciales hacia los venezolanos y violaba la ley que rige el TPS.
Aproximadamente 350 000 venezolanos habían obtenido el TPS en 2023; solo estos titulares del TPS corren riesgo por la decisión tomada hoy por el Tribunal Supremo. Aproximadamente 250 000 titulares venezolanos del TPS que obtuvieron el TPS en 2021 no se ven afectados por la orden de hoy y conservan su estatus legal y su autorización de empleo. La decisión tampoco afecta a los 500 000 titulares haitianos de TPS cuya condición expirará el 3 de agosto de 2025 en virtud de la anulación parcial de la secretaria Noem, aunque dicha anulación también está siendo impugnada en este caso.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos rechazó el mes pasado la solicitud de suspensión presentada por el Gobierno. Sin embargo, hoy, en una solicitud de suspensión de emergencia, el Tribunal Supremo ha intervenido para impedir que la decisión de este tribunal de distrito entre en vigor.
Los demandantes están representados por la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON), las Fundaciones ACLU del Norte y Sur de California, el Centro de Derecho y Política de Inmigración (CILP) de la Facultad de Derecho de la UCLA y la Alianza Haitiana Bridge (HBA).
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