ÚLTIMA HORA: El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito permite que entren en vigor las terminaciones del TPS para Honduras, Nepal y Nicaragua.
La decisión sobre la suspensión de emergencia pone en riesgo a 60 000 residentes de larga duración en Estados Unidos
Los Ángeles- Un tribunal federal de apelaciones suspendió hoy la sentencia definitiva de un tribunal inferior en el caso National TPS Alliance contra Noem (NTPSA II), que consideraba ilegal la repentina terminación por parte de la administración Trump del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 60 000 personas de Honduras, Nepal y Nicaragua.
La sentencia sumaria del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos resolución sumaria a una solicitud de emergencia de la administración Trump y deja a miles de inmigrantes que han vivido en los Estados Unidos durante más de dos décadas en riesgo de detención y deportación.
«No soporto la idea de separarme de mi familia. He vivido en este país desde que era un niño pequeño y este es mi hogar. Mi hijo también», afirmó Jhony Silva, demandante en el caso, auxiliar de enfermería, estudiante y padre. «Me molesta que el tribunal permita que estas decisiones gubernamentales claramente ilegales entren en vigor. No dejaremos de luchar por la justicia».
«La decisión de hoy pone en riesgo inmediato de deportación a miles de personas que han estado haciendo todo lo que se les ha pedido», dijo José Palma, coordinador de la Alianza Nacional TPS. «Con esta decisión, el Gobierno y el sistema legal están dando la espalda a personas que han considerado Estados Unidos su hogar durante décadas. Se trata de personas a las que este país reconoció como héroes durante la pandemia de COVID: profesionales sanitarios, cuidadores infantiles y otros proveedores de primera línea. El Congreso debe actuar ahora».
Los demandantes están representados por la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON), las Fundaciones ACLU del Norte y Sur de California, el Centro de Derecho y Política de Inmigración (CILP) de la Facultad de Derecho de la UCLA y la Alianza Haitiana Bridge.
«Los titulares del TPS merecen algo mejor que esto», afirmó Jessica Bansal, abogada de la Red Nacional de Organización de Jornaleros. «La decisión de hoy permite que madres, padres, estudiantes y trabajadores que han vivido legalmente en este país durante décadas sean despojados de su estatus sin siquiera reconocer el daño que esto les causa a ellos y a sus familias, ni las contribuciones que han hecho a sus comunidades».
El tribunal compuesto por tres jueces se negó a considerar el perjuicio que su decisión causaría a los titulares del TPS y, en su lugar, citó las órdenes previas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en otro caso que afecta a un grupo diferente de inmigrantes de otro país.
«La cuestión era si el tribunal debía anular de forma sumaria —por motivos de urgencia— una decisión definitiva cuidadosamente razonada, que se basaba en una revisión completa del expediente», afirmó Emi MacLean, abogada de la ACLU del Norte de California. «El tribunal actuó en contra de la ley, y esta decisión tendrá consecuencias devastadoras para decenas de miles de personas y familias».
El caso, presentado en julio de 2025, argumentaba que las decisiones de la administración de rescindir el TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal violaban la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) al ignorar las condiciones de los países y basarse en una decisión política predeterminada para desmantelar el programa TPS. El caso también argumenta que las decisiones tuvieron motivaciones raciales, lo que viola la garantía del debido proceso de la Quinta Enmienda. El 31 de diciembre, en una decisión definitiva tras un examen completo del expediente, el tribunal de distrito consideró ilegales las decisiones de la administración Trump y restableció temporalmente la protección de los beneficiarios del TPS de Honduras, Nicaragua y Nepal.
«Todos los jueces que han examinado detenidamente las decisiones de la administración Trump sobre la terminación del TPS en función de sus méritos las han considerado ilegales», afirmó Ahilan Arulanantham, codirector del CILP y abogado de los demandantes. «Cada decisión judicial adicional que permite al Gobierno eludir el proceso normal de apelación mediante "suspensiones de emergencia" daña aún más el estado de derecho».
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