ÚLTIMA HORA: Los titulares y defensores del TPS denuncian la sentencia del Tribunal Supremo en el caso NTPSA 1 contra Noem
La sentencia del expediente oculto deja a 600 000 venezolanos en riesgo de deportación.
LOS ÁNGELES – En una orden irrazonable de tres párrafos, la Corte Suprema de los Estados Unidos concedió hoy la solicitud de la administración Trump de suspender una decisión de un tribunal federal que protege a los venezolanos con Estatus de Protección Temporal (TPS) mientras apela el fallo del tribunal inferior.
El 5 de septiembre de 2025, el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Edward M. Chen dictaminó que el intento de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de retirar el TPS a los venezolanos y haitianos era ilegal porque no cumplía con la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).
La decisión de hoy deja a 350 000 venezolanos en riesgo de ser detenidos y deportados de inmediato, y a otros 250 000 venezolanos en riesgo de ser detenidos y deportados el 7 de noviembre, cuando expire su TPS.
Por favor, atribuya las siguientes declaraciones a:
Cecilia González, demandante y miembro de la Alianza Nacional TPS:
«Es desgarrador que los jueces hayan aprobado sin más la cancelación ilegal del TPS por parte de esta administración. Esta decisión trastornará la vida de cientos de miles de titulares del TPS que, como yo, son personas trabajadoras y respetuosas con la ley. Hoy lloro por las familias que se verán separadas, por los padres que se quedarán despiertos preocupados por cómo mantener a sus hijos, por las personas que se quedarán sin tratamiento médico, que perderán sus trabajos, su estabilidad, todo por lo que han trabajado. Pero mañana nos uniremos y seguiremos luchando por nuestros derechos, nuestra dignidad y nuestra libertad».
José Palma, coordinador de la Alianza Nacional TPS, el demandante principal que representa a cientos de miles de miembros titulares del TPS:
«La decisión tomada hoy por el Tribunal Supremo plantea dudas sobre si el máximo tribunal del país está tomando sus decisiones basándose en la ley o simplemente aprobando sin más las acciones del presidente Trump. Los titulares venezolanos del TPS cumplieron todas las normas y, aun así, se han visto privados de su estatus legal de la noche a la mañana. No podemos permanecer en silencio ante tal injusticia, y no lo haremos. Invitamos a todos a unirse a nosotros en la Semana de Acción para Proteger a las Familias con TPS, del 6 al 10 de octubre. Porque una cosa está muy clara: solo el pueblo salvará al pueblo».
Jessica Bansal, abogada especializada en TPS de la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON):
«Cuando 600 000 inmigrantes que residen legalmente en el país pueden ser despojados de su estatus legal sin ni siquiera una explicación, ninguno de nuestros derechos está a salvo».
Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política Migratoria (CILP) de la Facultad de Derecho de la UCLA:
«El edicto de tres párrafos de hoy ha ampliado el poder del Tribunal Supremo sobre los casos pendientes a las sentencias definitivas de los tribunales inferiores, más allá de las meras resoluciones provisionales. Esta es quizás la señal más extrema de que el Tribunal Supremo ha abandonado el derecho en favor de la política. No hay forma de que la ley dé sentido al vasto nuevo poder que el Tribunal se ha otorgado a sí mismo. Tampoco se puede conciliar esta sentencia con las sentencias del Tribunal en muchos otros casos, incluidas sus recientes decisiones que permiten a los tribunales inferiores suspender las políticas proinmigrantes durante la administración Biden. Es revelador que el Tribunal ni siquiera lo intente. Sus decisiones solo tienen sentido si reconocemos la verdad que tenemos ante nuestros ojos: que el Tribunal Supremo ha abandonado por completo el ámbito del derecho».
Emi MacLean, abogada sénior de la Fundación ACLU del Norte de California:
«Esta decisión es desgarradora, insensible e ilegal. Sin dar explicaciones, el Tribunal Supremo ignoró la decisión final de un tribunal de distrito —basada en pruebas y argumentos— y emitió una orden inexplicable que priva de su estatus legal humanitario a 600 000 personas prácticamente de la noche a la mañana. Si la ley significa algo, la solicitud infundada del Gobierno debería haber sido denegada. En cambio, el Tribunal Supremo ha permitido a la secretaria Noem ejercer un poder desenfrenado que no tiene base legal».
Erik Crew, abogado de la Alianza Haitiana Bridge:
«Este caso no ha terminado. Las personas a las que representamos merecen algo mejor por parte de los Estados Unidos que estas medidas irrazonables y urgentes que les privan de sus protecciones legales frente a daños irreparables. No podría estar más de acuerdo con la opinión disidente del juez Jackson. Procedemos a los argumentos sobre el fondo del asunto en el Noveno Circuito».
Cecilia Wang, directora jurídica de la Unión Americana por las Libertades Civiles:
«Una vez más, el Tribunal Supremo ha invalidado una sentencia bien fundamentada de un tribunal de distrito, dejando a cientos de miles de personas en peligro de perder sus puestos de trabajo y de ser detenidas y deportadas. El tribunal está dejando de lado sus principios para dar luz verde a las acciones ilegales de la administración Trump. El daño al estado de derecho, así como a las familias estadounidenses directamente afectadas, es profundo».
Los demandantes están representados por la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON), las Fundaciones ACLU del Norte y Sur de California, el Centro de Derecho y Política de Inmigración (CILP) de la Facultad de Derecho de la UCLA y la Alianza Haitiana Bridge (HBA).
Lea la decisión aquí. La orden del tribunal de distrito que fue suspendida se encuentra aquí.
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