DECLARACIÓN DE LOS TITULARES DE TPS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE UN ESCRITO DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DEL GOBIERNO DE SUSPENSIÓN DEL TRÁMITE ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO EN EL CASO NTPSA contra NOEM
(LOS ÁNGELES) – Los abogados de los titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS) venezolanos y haitianos presentaron hoy un escrito ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en oposición a la solicitud de la administración Trump de una suspensión de emergencia de una sentencia de un tribunal federal que protege a la comunidad venezolana. Esa sentencia del juez Edward M. Chen sostenía que el intento de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de despojar a los venezolanos y haitianos del TPS era ilegal porque no cumplía con la Ley de Procedimiento Administrativo (o APA).
La solicitud del Gobierno al Tribunal Supremo pondría a más de 600 000 venezolanos en riesgo de detención y deportación. El Gobierno no ha pedido al Tribunal Supremo que retire las protecciones a los haitianos en este procedimiento, pero está apelando la orden del tribunal de distrito.
El escrito sostiene que el gobierno no ha demostrado ninguna «emergencia» que justifique una suspensión, que el interés público favorece que se permita a los titulares del TPS mantener su estatus, que una suspensión sería devastadora para los titulares del TPS y sus familias, y que el tribunal de distrito y el tribunal de apelaciones dictaminaron correctamente que las acciones del Secretario eran ilegales.
También se presentaron escritos amicus curiae ante el Tribunal Supremo en apoyo de los titulares del TPS por parte de 137 legisladores, así como juristas y economistas.
Por favor, atribuya las siguientes declaraciones sobre la presentación del escrito a:
M.H., demandante venezolano y miembro de la Alianza Nacional TPS:
«Estoy casada con un ciudadano estadounidense y soy madre de dos hijos, uno de los cuales es ciudadano estadounidense. Dependo del TPS para poder cuidar de mi familia. No puedo exagerar el dolor y el miedo que sufre mi familia ante el intento del Gobierno de cancelar mi estatus legal y el de mi hija pequeña. Nuestra presencia aquí no es una emergencia, diga lo que diga el Gobierno».
José Palma, coordinador de la Alianza Nacional TPS:
«Los titulares de TPS trabajan duro para cuidar de nuestras familias y contribuir a este país. El ataque de la administración contra nuestra comunidad es injusto. Dos tribunales han dictaminado que también es ilegal. Hoy, pedimos al Tribunal Supremo que respete la ley y deniegue la suspensión».
Jessica Bansal, asesora jurídica de TPS en la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON):
«Retirar el estatus migratorio legal a 600 000 personas con un preaviso de 60 días no tiene precedentes. Hacerlo después de prometer 18 meses adicionales de protección es ilegal. El Gobierno alega que su incapacidad para violar la ley es una emergencia, pero la única emergencia aquí es que los inmigrantes que residen legalmente están siendo despedidos de sus trabajos, detenidos en cárceles de inmigración, separados de sus familias y deportados a un país al que, según el Gobierno de los Estados Unidos, ni siquiera es seguro viajar».
Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política Migratoria (CILP):
«Durante la administración Biden, la Corte Suprema dictaminó en repetidas ocasiones que las agencias federales deben actuar dentro de las limitaciones impuestas por el Congreso, incluso en los casos de inmigración. En este caso, la secretaria del DHS, Noem, violó claramente ese principio cuando intentó retirar las protecciones que ya se habían concedido a los titulares venezolanos del TPS. Esperamos que la Corte Suprema aplique la ley de manera imparcial, en lugar de permitir que la administración Trump la ignore».
Emi MacLean, abogada sénior de la ACLU del Norte de California:
«La secretaria Noem actuó ilegalmente al retirar el TPS a cientos de miles de venezolanos basándose en un pretexto y en una autoridad inventada que no tiene. La secretaria del DHS no tiene libertad para ignorar la ley. El Tribunal Supremo no debe respaldar las crueles acciones de una administración que busca eludir la ley y demoler las protecciones humanitarias que el Congreso promulgó hace 35 años».
Erik Crew, abogado de la Haitian Bridge Alliance:
«Los titulares de TPS se encuentran aquí legalmente porque han cumplido con lo que les exigen las leyes estadounidenses y la Constitución. El Tribunal Supremo debería confirmar lo que los tribunales inferiores han dejado claro: los titulares de TPS han cumplido con la ley, pero la administración Trump no».
La oposición a la solicitud de suspensión del gobierno está disponible aquí. Los escritos amicus curiae están disponibles aquí (137 legisladores), aquí (economistas) y aquí (juristas).
Los demandantes están representados por la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON), las Fundaciones ACLU del Norte y Sur de California, el Centro de Derecho y Política de Inmigración (CILP) de la Facultad de Derecho de la UCLA y la Alianza Haitiana Bridge (HBA).
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