El 10 de febrero de 2019, los titulares del TPS y los hijos ciudadanos estadounidenses de los titulares del TPS presentaron una nueva demanda en la que impugnaban la terminación del TPS para Honduras y Nepal. La nueva demanda sigue los pasos de una demanda anterior, Ramos v. Nielsen, que impugnaba la terminación del TPS para Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador.

Desde que asumió el cargo, el presidente Trump ha puesto fin al TPS para más del 95 % de todos los titulares de TPS. En Ramos contra Nielsen, los beneficiarios del TPS y sus hijos ciudadanos estadounidenses impugnaron la terminación del TPS para Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador. El tribunal de distrito determinó que existían pruebas sustanciales de que las terminaciones estaban motivadas por el racismo, lo que violaba la Constitución, y aplicó una nueva norma para las decisiones sobre el TPS sin dar ninguna explicación, lo que violaba la Ley de Procedimiento Administrativo. El tribunal dictó una orden judicial preliminar, ordenando al Gobierno que mantuviera el TPS y la autorización de trabajo para los beneficiarios del TPS de los cuatro países mientras continuaba el juicio. El caso Ramos se encuentra actualmente en apelación.

Después de que se presentara el caso Ramos, la Administración Trump puso fin al TPS para otros dos países: Honduras y Nepal. La nueva demanda —Bhattarai contra Nielsen— sostiene que la terminación del TPS para Honduras y Nepal adolece de los mismos defectos que la terminación del TPS para Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador, y que también debería prohibirse.

Hay más de 400 000 personas que viven legalmente en los Estados Unidos con TPS. Los titulares de TPS obtuvieron su estatus después de desastres naturales o provocados por el hombre, como terremotos y guerras civiles, en sus países de nacionalidad. A raíz de los desastres, el gobierno de los Estados Unidos concedió ayuda humanitaria (en forma de TPS) a las personas de los países afectados que ya vivían en los Estados Unidos. Aunque el TPS solo ofrece protección durante períodos cortos (hasta 18 meses), en el caso de los países objeto de la demanda, el Gobierno de los Estados Unidos ha prorrogado el TPS en repetidas ocasiones —durante al menos ocho años y, en el caso de la mayoría de los países, durante más de 15 años— basándose en repetidas conclusiones de que sigue siendo inseguro regresar. Por lo tanto, la mayoría de los titulares del TPS llevan más de una década viviendo en este país, formando familias aquí, yendo a la escuela, trabajando y siendo miembros activos de sus comunidades. La decisión de poner fin al TPS amenaza la estabilidad y la seguridad de los titulares del TPS y sus familias.

También hay más de 200 000 niños ciudadanos estadounidenses hijos de titulares de TPS. Estos niños a menudo nunca han estado en el país de origen de sus padres. Si se mantiene la decisión de la Administración Trump de poner fin al TPS y los titulares de TPS pierden su capacidad para vivir legalmente en los Estados Unidos, sus hijos tendrán que decidir si se quedan en su país de origen, los Estados Unidos, y se enfrentan a la separación de sus familias, o si se quedan con su familia en un país que no conocen.

Ramos contra Nielson fue presentada por nueve titulares del TPS —procedentes de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán— y cinco hijos de titulares del TPS nacidos en Estados Unidos. 

Bhattarai contra Nielsen fue presentada por seis titulares del TPS de Honduras y Nepal y dos hijos ciudadanos estadounidenses de titulares del TPS de Honduras y Nepal.

Los titulares del TPS y los hijos ciudadanos estadounidenses de los titulares del TPS presentaron las demandas para impedir que la Administración Trump llevara a cabo su decisión de poner fin a las protecciones del TPS. Los demandantes en el caso Ramos han obtenido una orden judicial preliminar que exige a la Administración Trump ampliar las protecciones del TPS y la autorización de trabajo a los titulares del TPS de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador mientras se tramita la demanda. Los demandantes en la nueva demanda presentada, Bhattarai v. Nielsen, solicitan una protección similar.

Los titulares del TPS han dependido de las repetidas prórrogas del TPS para construir sus vidas y convertirse en miembros integrales de sus comunidades, sus lugares de trabajo y este país.

Los titulares del TPS y sus familias presentaron estas demandas para defenderse a sí mismos y a los cientos de miles de personas afectadas en todo el país.

Ambas demandas sostienen que la decisión del DHS de poner fin al TPS es ilegal por cuatro razones.

En primer lugar, los niños estadounidenses en edad escolar tienen el derecho constitucional fundamental de vivir en los Estados Unidos. Pero también tienen el derecho fundamental de vivir con sus padres y ser criados por ellos. Estos derechos están protegidos por la Constitución de los Estados Unidos. La demanda sostiene que obligar a estos niños a elegir entre sus familias y su país es inconstitucional. 

En segundo lugar, el Gobierno modificó ilegalmente las normas por las que el DHS determina si prorrogar o poner fin al TPS, sin ningún anuncio formal y sin seguir los procedimientos requeridos. Este tipo de comportamiento impredecible por parte del DHS viola la Ley de Procedimiento Administrativo.

En tercer lugar, las decisiones del DHS de poner fin al TPS se basaron en una discriminación intencionada que viola la Constitución.

En cuarto lugar, el DHS violó los derechos procesales de los titulares del TPS al aplicar una nueva norma sin explicación alguna a las decisiones sobre el TPS y al tomar decisiones sobre el TPS basadas en motivos discriminatorios.

Como resultado de la medida cautelar dictada en Ramos, los titulares de TPS de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador recibirán automáticamente prórrogas de nueve meses de su TPS y autorización de trabajo cada nueve meses mientras la demanda esté en curso.

El demandante en Bhattarai solicita una protección similar.

En última instancia, los demandantes en ambos casos pretenden anular la decisión ilegal de poner fin al TPS.

Es importante destacar que, incluso si los demandantes ganan ambos casos, ningún tribunal puede conceder la residencia permanente legal a los titulares del TPS. Solo el Congreso puede hacerlo.

Ambos casos se presentaron ante un tribunal federal de distrito en San Francisco, en lo que se conoce como el Distrito Norte de California, que forma parte del Noveno Circuito.

La Corte Suprema de los Estados Unidos es el tribunal más alto del país. Por debajo de la Corte Suprema se encuentran los tribunales federales de apelación. Hay trece tribunales de apelación en los Estados Unidos, incluido el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito. El Noveno Circuito conoce de los casos que se apelan desde quince tribunales federales de distrito, ubicados en Alaska, Arizona, California, Guam, Hawái, Idaho, Montana, Nevada, las Islas Marianas del Norte, Oregón y Washington.

Una vez que el tribunal de distrito decide un caso, su decisión puede ser apelada ante el Noveno Circuito. Ramos se encuentra actualmente en apelación ante el Noveno Circuito. La decisión del Noveno Circuito puede ser apelada ante la Corte Suprema, que tiene la facultad discrecional de decidir si revisa o no el caso.

Esta demanda es solo una parte de nuestros esfuerzos para salvar el TPS. Este es un movimiento impulsado por las personas y necesitamos su ayuda.

Únete a la Alianza Nacional TPS. Los beneficiarios de TPS y otros miembros de la comunidad interesados ​​en todo el país pueden unirse a la Alianza Nacional de TPS para apoyar a los demandantes y otras personas que luchan contra las políticas antiinmigrantes de Trump. La Alianza Nacional de TPS está dirigida por beneficiarios de TPS de todo Estados Unidos para abogar por salvar TPS y crear un camino hacia la residencia permanente para todos los beneficiarios de TPS. Para participar en su comité local de TPS, consulte la página de comités aquí.

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Aunque ganemos, estas demandas no resolverán todo. Necesitamos el apoyo de la gente y de las bases para proteger el TPS y conseguir una vía hacia la residencia permanente para los titulares del TPS. Únase a nuestros demandantes y apoye a los titulares del TPS para luchar por la justicia.