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3 de octubre de 2018
Contacto: Armando Carmona, 951-966-6500, armando@ndlon.org,
ACLU So Cal Communications, (213) 977-5252, communications@aclusocal.org

Un tribunal federal bloquea la decisión de Trump de poner fin al TPS

Los demandantes obtienen una medida cautelar preliminar por considerar que la administración Trump violó la Cláusula de Igualdad de Protección y la ley federal al poner fin al programa humanitario TPS.

San Francisco, California – Hoy, el juez federal de distrito Edward Chen emitió una orden judicial preliminar que bloquea la decisión de la administración Trump de revocar el estatus legal de los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán. La administración Trump había revocado el estatus legal de más de 300 000 personas de estos países que han vivido legalmente en los Estados Unidos durante años o décadas, y las primeras revocaciones estaban previstas para el 2 de noviembre.

Concretamente, el juez Chen dictaminó que es probable que los demandantes ganen el juicio por el fondo de su reclamación, ya que el DHS cambió el criterio para determinar cómo se toman las decisiones sobre el TPS sin previo aviso ni explicación, lo que supone una violación de la Ley de Procedimientos Administrativos; y que los demandantes han demostrado que existen serias dudas de que la Administración Trump haya puesto fin al TPS para estos cuatro países con fines discriminatorios. El juez Chen prohibió al DHS poner fin al TPS para estos países hasta que se resuelva el litigio, con efecto inmediato, y exigió al DHS que mantuviera el statu quo para las más de 300 000 personas afectadas por esta decisión.

En la decisión, el juez Chen escribió que «los escritos de la entonces secretaria interina del DHS, Elaine Duke, sugieren que, en su cargo en el DHS, ella estaba llevando a cabo o cumpliendo en gran medida con una agenda presidencial predeterminada para poner fin al TPS». El juez Chen también encontró «pruebas de que el presidente Trump alberga animadversión hacia los extranjeros no blancos y no europeos, lo que influyó en su decisión (y, por tanto, en la de la secretaria) de poner fin a la designación del TPS».

En respuesta, los abogados y demandantes del caso Ramos contra Nielsen emitieron las siguientes declaraciones:

Crista Ramos, demandante principal y ciudadana estadounidense de 14 años, hija de una titular de TPS de El Salvador, dijo: «Me alegré mucho cuando me enteré de la decisión del juez. Desde que se anunciaron las terminaciones del TPS, me he estado preguntando cómo podré llevar una vida normal si estoy a punto de perder a mi madre. Hoy, mi familia y yo estamos de celebración. Mañana, continuaremos nuestra lucha por la residencia permanente para los titulares de TPS».

Hiwaida Elarabi, demandante y titular de TPS procedente de Sudán, declaró: «Por primera vez desde que el DHS anunciara la terminación del TPS para Sudán hace un año, puedo respirar más tranquila. Pero no estaré realmente tranquila hasta que el Congreso ofrezca una solución permanente para los titulares de TPS como yo, que hemos contribuido a este país durante décadas y lo hemos convertido en nuestro hogar».

Emi MacLean, codirectora jurídica de la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON) y abogada de los demandantes, afirmó: «La sentencia del juez Chen reivindica la valiente lucha de los titulares del TPS por defender la Constitución frente al ataque discriminatorio de la Administración Trump a este programa humanitario del que dependen cientos de miles de personas».

«Esta sentencia es una victoria contra el desmantelamiento ilegal —por no decir cruel— de un programa que protegía a cientos de miles de niños ciudadanos estadounidenses de la imposible elección entre abandonar a sus padres o su país», afirmó Ahilan Arulanantham, asesor jurídico sénior de la Fundación ACLU del Sur de California y abogado de los demandantes. «Si los padres de estos niños no fueran de países que la administración considera indignos de la humanidad, no tendríamos que librar esta batalla. Pero lo hacemos, y no cejaremos en nuestro empeño».

Edwin Murillo, titular de TPS y miembro de la Alianza Nacional TPS, dijo: «Los titulares de TPS se han convertido en una de las voces más poderosas y valientes contra las políticas de separación familiar de Trump. Desde Oakland hasta Omaha, las familias TPS están enfrentando de frente la agenda de odio de Trump. Una caravana TPS Journey for Justice está llevando las voces de las familias TPS a más de 50 ciudades de todo el país».

«El Tribunal defendió la inviolabilidad de las familias y el bienestar de cientos de miles de niños ciudadanos estadounidenses», afirmó Alycia Degen, socia de Sidley Austin LLP y miembro del equipo jurídico.

Los demandantes están representados por la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON), la Fundación ACLU del Sur de California y el bufete de abogados Sidley Austin LLP. Los demandantes son miembros de diversas organizaciones que luchan por defender el TPS, entre ellas la Alianza Nacional TPS, CARECEN-Los Ángeles, UNITE-HERE y African Communities Together.

Aquí puede encontrar más información sobre la demanda, enlaces a los documentos judiciales y las resoluciones, perfiles de los demandantes y escritos de amigos del tribunal de 19 estados y 34 ciudades y condados. La resolución está disponible aquí.

Se ha convocado una rueda de prensa a nivel nacional para el jueves 4 de octubre a las 8:00 a. m. PST / 11:00 a. m. EST. NÚMERO DE TELÉFONO: 877-876-9177; CÓDIGO DE ACCESO: TPS.

La grabación de la llamada estará disponible en NationalTPSAlliance.org.

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