Un tribunal federal rechaza la revisión completa por parte del Noveno Circuito de la sentencia del caso NTPSA contra Noem, en la que se determinó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se había extralimitado en sus competencias en materia de TPS
SAN FRANCISCO — Un tribunal federal de apelación ha rechazado una solicitud para que se reconsidere su decisión de que la cancelación repentina por parte de la Administración Trump del Estatus de Protección Temporal (TPS) para personas procedentes de Venezuela y Haití fue ilegal.
En enero, un tribunal compuesto por tres jueces del Tribunal de Apelación de los Estados Unidos para el Noveno Circuito dictaminó que la decisión del Gobierno de poner fin al TPS para los venezolanos y haitianos era ilegal, ya que excedía la autoridad que el Congreso había otorgado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El tribunal señaló que las medidas de la entonces secretaria del DHS, Kristi Noem, «contradicen fundamentalmente el diseño normativo del Congreso, y su reivindicación de un poder absoluto y sin control para revocar el TPS de un país es incompatible con el texto claro de la ley».
La resolución judicial de ayer por la que se desestimaba la solicitud de una nueva vista, conocida como «en banc», implica que el Gobierno federal no podrá volver a presentar sus argumentos ante once jueces diferentes del Noveno Circuito. El Gobierno deberá solicitar un recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos; de lo contrario, la resolución del Noveno Circuito será definitiva.
Por favor, atribuya las siguientes citas sobre la acción judicial a:
«Esta victoria da esperanza a más de 600 000 beneficiarios del TPS a quienes se les ha retirado la protección, dejándolos expuestos a la deportación. Instamos al Congreso a que actúe con celeridad y apruebe una ley que ofrezca una solución permanente a los titulares del TPS y a sus familias, muchos de los cuales llevan décadas viviendo en Estados Unidos y contribuyendo a sus comunidades y a la economía», declaró José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS. «Ahora es el momento de que los legisladores escuchen y actúen, antes de que más familias con TPS vean sus vidas destrozadas».
«La Administración Trump está intentando privar de protección jurídica a más de un millón de personas que dependen del Estatus de Protección Temporal porque sus países de origen se encuentran en crisis», afirmó Emi MacLean, abogada de la Fundación ACLU del Norte de California. «El Congreso creó el TPS hace 30 años para garantizar que las protecciones humanitarias se concedieran de acuerdo con la ley, y no por caprichos políticos. Al intentar desmantelar estas protecciones, la administración nos está haciendo retroceder hacia una era de discrecionalidad ejecutiva sin control. El Noveno Circuito rechazó ese enfoque, y el Tribunal Supremo debería hacer lo mismo».
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