El Tribunal de Apelación del Noveno Circuito allana el camino para restablecer las protecciones del TPS a cientos de miles de venezolanos
SAN FRANCISCO– Un tribunal federal de apelación ha denegado hoy la solicitud del Gobierno de suspender una resolución del tribunal de distrito, una medida que podría restablecer las protecciones del Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de venezolanos titulares de dicho estatus.
La sentencia del Tribunal de Apelación de los Estados Unidos para el Noveno Circuito se refiere a una resolución del tribunal de distrito dictada el 5 de septiembre de 2025 enel caso «National TPS Alliance contra Mullin», en la que se determinó que la exsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, se extralimitó en sus competencias al emitir órdenes por las que se anulaba una prórroga del Estatus de Protección Temporal (TPS) que se había concedido a Venezuela y, en su lugar, se ponía fin a la designación de dicho país. La resolución del tribunal de distrito había sido objeto de una suspensión sin motivación dictada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en su «shadow docket» el 3 de octubre de 2025. Dicha suspensión expirará el próximo viernes, 6 de noviembre.
La sentencia del Noveno Circuito implica que, salvo que el Tribunal Supremo intervenga de nuevo, cientos de miles de venezolanos a los que se les retiró el TPS verían restablecido su estatus el 6 de noviembre, mientras continúan los procedimientos judiciales que impugnan la anulación y la rescisión.
Desde que el Tribunal Supremo suspendió las medidas de protección dictadas por el tribunal de distrito, miles de venezolanos beneficiarios del TPS han sido detenidos, deportados e incluso asesinados. Muchos también se han visto separados de sus hijos estadounidenses, y algunos han sido enviados a terceros países con los que no tenían ningún vínculo previo.
Entre las pruebas presentadas ante el Noveno Circuito figuraban declaraciones de titulares venezolanos del TPS sobre los perjuicios que sufrieron tras la entrada en vigor de la rescisión.
«Me deportaron a Liberia después de perder mi estatus de TPS. No tenía ningún vínculo previo con Liberia ni con ningún otro lugar de África», afirmóCarlos Sánchez Villa en una declaración presentada ante el tribunal. «Parecía algo sacado de una película de terror, pero, por desgracia, para mí fue una realidad».
«Los funcionarios de inmigración me deportaron a México, donde me subieron a un autobús, me llevaron atravesando todo el país y me dejaron tirada en la calle en una ciudad cercana a la frontera con Guatemala. No me proporcionaron ningún tipo de alojamiento ni ayuda y me dejaron a mi suerte en un país peligroso que no es el mío», afirmóRita di Peri Castellano.
José Palma, coordinador de la Alianza Nacional TPS, afirmó: «Ante el brutal ataque de este Gobierno, la victoria de hoy nos da nuevas fuerzas para luchar por los derechos que han conquistado las generaciones anteriores de inmigrantes: poder vivir y trabajar sin miedo en el lugar al que llamamos hogar».
Los demandantes están representados por la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON), las Fundaciones de la ACLU del Norte y del Sur de California, el Centro Miñana de la UCLA para el Derecho y las Políticas de Inmigración (Centro Miñana) y la Haitian Bridge Alliance (HBA).
En el Noveno Circuito, el Gobierno había alegado que la sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2026 enel caso Mullin contra Dahlia Doeprivaba a los tribunales federales de la competencia para examinar el recurso de los demandantes. Los titulares del TPS replicaron que los tribunales conservan la facultad de examinar si las órdenes de la secretaria relacionadas con Venezuela excedieron las competencias que le confiere la ley.
Jessica Bansal, asesora jurídica en materia de TPS de la Red Nacional de Organización de Jornaleros y abogada de los demandantes, declaró: «La revocación ilegal del TPS de Venezuela por parte de la secretaria Noem privó a más de medio millón de refugiados de su estatus migratorio legal y devastó a la comunidad de migrantes venezolanos. Hoy, los tribunales federales han rechazado la invitación de la Administración a hacer la vista gorda ante su ilegalidad».
Emi MacLean, abogada principal de la ACLU del Norte de California, afirmó: «La Administración Trump ha lanzado un ataque xenófobo contra los inmigrantes, dirigiéndose desde el primer día contra los beneficiarios del TPS en la mayor campaña de privación de documentación de la historia de este país. El tribunal de distrito ha reconocido que esta Administración no puede ejercer una autoridad que no tiene. Este país se construyó sobre la base de los controles y contrapesos; esa orden judicial debe significar algo».
Ahilan Arulanantham, abogado de los demandantes y codirector académico del Centro Miñana, afirmó: «La Administración Trump tiene una responsabilidad considerable en los horrores indescriptibles que han sufrido los refugiados venezolanos durante los últimos 18 meses. Pero su conducta ilegal solo ha sido posible debido a las órdenes inexplicables del “expediente en la sombra” del Tribunal Supremo. Esperamos que la Administración se dé cuenta de su error y, de no ser así, que el Tribunal Supremo defienda el Estado de derecho dejando sin modificar la exhaustiva resolución del tribunal de distrito».