ÚLTIMA HORA: EL NOVENO CIRCUITO RATIFICA LA AUTORIDAD DE UN TRIBUNAL FEDERAL EN DEMANDA CONTRA EL INTENTO DE LA AD
LOS ÁNGELES — Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó hoy por unanimidad que la terminación sin precedentes del Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 600,000 venezolanos es ilegal, y confirmó que un juez federal tiene la autoridad para decidir el caso.
“Esta es una victoria para la comunidad TPS. Estamos aquí porque nuestro país está en crisis. Por eso existe el TPS”, dijo Cecilia González, demandante venezolana con TPS. “El Noveno Circuito ha reconocido que la administración Trump no puede eliminar el TPS simplemente porque no le gusta. Seguiremos luchando por nuestros derechos bajo la ley.”
El fallo del Noveno Circuito en NTPSA v. Noem también reconoció que los beneficiarios de TPS enfrentan graves daños como resultado de las acciones ilegales de la Secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem. Enfrentan detención, deportación, separación familiar y pérdida de empleo. Esta decisión no protege por sí sola a los venezolanos con TPS, dado que la Corte Suprema de EE.UU. previamente suspendió el alivio de emergencia otorgado por el tribunal de distrito a inicios de este año. Sin embargo, significa que ahora el tribunal de distrito es libre de emitir su decisión final sobre el alivio, donde había detenido el caso esperando la orientación de la Corte de Apelaciones.
“La decisión de hoy demuestra, afortunadamente, que la administración Trump no está por encima de la ley”, dijo Freddy Arape, especialista en informática y beneficiario de TPS. “Para mí y para tantos otros que huimos de la violencia y la inestabilidad en nuestros países, el TPS ha sido un salvavidas. Tengo la esperanza de que las protecciones humanitarias creadas por el Congreso continúen.”
“Ahora existen dos decisiones integrales que explican cuidadosamente por qué la cancelación del TPS venezolano es ilegal, pero ninguna tiene efecto debido a la orden de dos párrafos, sin fundamento, de la Corte Suprema de EE.UU.”, dijo Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Políticas de Inmigración de UCLA. “Así no debería funcionar un sistema legal racional.”
“Trump ha intentado destruir el TPS desde el primer día”, dijo Emi MacLean, abogada de la ACLU del Norte de California. “Los únicos tribunales que han revisado de manera significativa las acciones de este gobierno han rechazado la posición extrema de que la administración puede hacer lo que quiera, sin importar la ley vigente.”
“La decisión de hoy no nos da una solución inmediata, pero envía una señal de que estamos del lado correcto de la historia. Al obtener una decisión justa de un sistema judicial que está perdiendo credibilidad por no poner freno al autoritarismo sin precedentes de la administración Trump, los inmigrantes una vez más preservan el debido proceso y los contrapesos que son la base de la democracia estadounidense para todo el pueblo de este país”, dijo José Palma, co-coordinador de la Alianza Nacional TPS.
“Cada día, venezolanos con TPS están siendo despedidos de sus trabajos, detenidos y deportados a un país que el propio Departamento de Estado considera inseguro incluso para visitar—todo esto aunque la administración Trump no tenía autoridad para revocar su estatus legal,” dijo Jessica Bansal, abogada de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON). “Tenemos la esperanza de que la decisión de hoy abra el camino para una pronta resolución final del tribunal de distrito que pueda restaurar protecciones tan necesarias.”
“La decisión de la Corte de Apelaciones reivindica la clara, razonada y fundamentada decisión del Tribunal de Distrito de posponer la cancelación sin precedentes del TPS: la Secretaria no puede simplemente inventar procedimientos en contra del estatuto del Congreso para dañar irreparablemente a personas que están protegidas por la ley,” dijo Erik Crew, abogado de Haitian Bridge Alliance. “Es triste que tantas vidas ya hayan sido dañadas por la campaña en curso de esta administración, que apunta de manera extremista y racista a comunidades, y que esta orden aún pueda ser apelada, pero Haitian Bridge Alliance seguirá luchando para mitigar el daño ya hecho y para proteger a todos los beneficiarios de TPS, la dignidad humana básica, el estado de derecho y la integridad de nuestra nación.”
Los demandantes están representados por la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), las Fundaciones de la ACLU del Norte y Sur de California, el Centro de Derecho y Políticas de Inmigración (CILP) de la Facultad de Derecho de UCLA y Haitian Bridge Alliance.