Juez Federal Realiza Audiencia Crucial Sobre la Terminación del TPS para 60,000 Inmigrantes de Honduras, Nepal y Nicaragua
SAN FRANCISCO— El martes 18 de noviembre, defensores, familias y líderes comunitarios se reunieron frente a la Corte Federal Phillip Burton mientras una jueza federal analizaba la legalidad de la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para 60,000 residentes de larga data en Estados Unidos provenientes de Honduras, Nepal y Nicaragua. La audiencia en NTPSA II v. Noem marca un momento decisivo para los beneficiarios de TPS, la mayoría de los cuales ha vivido en Estados Unidos por más de 25 años bajo protección humanitaria.
A principios de este año, a pesar de que el tribunal de distrito determinó que las terminaciones probablemente eran ilegales, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito suspendió las protecciones otorgadas por el tribunal de distrito y permitió que las terminaciones entraran en vigor, dejando a decenas de miles de beneficiarios de TPS sin estatus legal ni autorización de trabajo.
En la audiencia del martes, el tribunal de distrito consideró si debía emitir un fallo final que restablezca las protecciones para estas personas mientras el caso continúa. La jueza no emitió una decisión sobre las mociones de juicio sumario de las partes, pero sí indicó su intención de negar la moción del gobierno para desestimar el caso.
Afuera de la corte, los demandantes compartieron cómo las terminaciones del TPS han afectado sus vidas.
Dentro de la sala, los abogados presentaron documentos y el testimonio de expertos demostrando que las decisiones de finalizar el TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal fueron motivadas por consideraciones políticas y prejuicios, y no por fundamentos legales.
La jueza cuestionó los argumentos del gobierno, pero no especificó cuándo emitirá su decisión final.
Los representantes legales enfatizaron su firme compromiso de continuar la lucha por los beneficiarios de TPS y sus familias. Las personas afectadas expresaron temor e incertidumbre debido a la pérdida de estatus legal, a pesar de sus décadas de contribuciones como trabajadores, propietarios de vivienda, padres y miembros esenciales de sus comunidades.
Aproximadamente 60,000 personas, muchas de las cuales llegaron a Estados Unidos en la década de los 90, ahora enfrentan el riesgo de deportación y separación familiar, y la mayoría ya sufre graves dificultades económicas. Los beneficiarios de TPS son contribuyentes esenciales en industrias como la construcción, el cuidado infantil, la salud y la recuperación ante desastres. Terminar sus protecciones desestabiliza a las familias y debilita las economías locales en todo el país.
“Las familias que han vivido legalmente aquí durante décadas ahora están en el limbo”, dijo Francis Garcia de la Alianza Nacional TPS. “La audiencia de hoy es su oportunidad para obtener justicia”.
Este caso determinará no solo el futuro de miles de beneficiarios de TPS, sino también la fortaleza del compromiso humanitario de Estados Unidos y el respeto al estado de derecho. Los defensores recalcaron que las conclusiones previas del tribunal de distrito fueron claras: las terminaciones fueron arbitrarias, ilegales y contrarias al propósito del programa TPS. Los defensores hicieron un llamado al tribunal para que restaure las protecciones del TPS e instaron al Congreso y a la administración Trump a crear una solución legislativa permanente para todas las personas con TPS.
“Estamos aquí para defender a nuestras familias y nuestro futuro”, dijo José Palma al cerrar la conferencia de prensa. “Las personas con TPS han construido sus vidas en este país. Este es nuestro hogar, y merecemos estabilidad y dignidad.”
Los demandantes son la Alianza Nacional TPS, que representa a cientos de miles de beneficiarios de TPS en todo el país; y personas de Nicaragua, Honduras y Nepal que han perdido su estatus legal debido a las terminaciones ordenadas por la Secretaria de DHS, Noem. Los demandantes están representados por la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), el Centro de Ley y Políticas Migratorias (CILP) de la Facultad de Derecho de UCLA, las Fundaciones ACLU del Norte y Sur de California y Haitian Bridge Alliance.