Última Hora: Beneficiarios de TPS y defensores denuncian fallo de la Corte Suprema en NTPSA 1 v. Noem
La decisión en el “shadow docket” deja a 600,000 venezolanos en riesgo de deportación
LOS ÁNGELES – En una orden de solo tres párrafos y sin justificación, la Corte Suprema de Estados Unidos concedió hoy la solicitud de la administración Trump para suspender la decisión de un tribunal federal que protegía a los venezolanos con Estatus de Protección Temporal (TPS) mientras el gobierno apela el fallo del tribunal inferior.
El 5 de septiembre de 2025, el juez Edward M. Chen, del Tribunal de Distrito de EE.UU., determinó que el intento de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de eliminar el TPS para venezolanos y haitianos era ilegal por no cumplir con la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).
La decisión de hoy deja a 350,000 venezolanos en riesgo inmediato de detención y deportación, y a otros 250,000 en riesgo a partir del 7 de noviembre, cuando vencerá su TPS.
Favor de atribuir las siguientes declaraciones a:
Cecilia González, demandante y miembro de la Alianza Nacional TPS
“Es desgarrador que los jueces hayan avalado la cancelación ilegal del TPS por parte de esta administración. Esta decisión destrozará la vida de cientos de miles de beneficiarios de TPS cumplidores de la ley y trabajadores como yo. Hoy lloro por las familias que serán separadas, por los padres que no podrán dormir pensando en cómo mantener a sus hijos, por quienes perderán acceso a tratamientos médicos, sus empleos, su estabilidad, todo por lo que han trabajado. Pero mañana nos reuniremos nuevamente y seguiremos luchando por nuestros derechos, nuestra dignidad y nuestra libertad
José Palma, coordinador de la Alianza Nacional TPS, principal demandante que representa a cientos de miles de beneficiarios:
“La decisión de hoy de la Corte Suprema genera dudas sobre si la corte más alta del país decide en base a la ley o simplemente respalda las acciones del presidente Trump. Los beneficiarios de TPS venezolanos siguieron todas las reglas y aún así se encuentran despojados de su estatus legal de la noche a la mañana. No podemos —y no vamos a— permanecer en silencio ante semejante injusticia. Invitamos a todos a unirse a la Semana de Acción para Proteger a las Familias con TPS del 6 al 10 de octubre. Porque hay algo muy claro: solo el pueblo salva al pueblo.”
Jessica Bansal, abogada de TPS en la Red Nacional de Jornaleros (NDLON):
“Cuando 600,000 inmigrantes con presencia legal pueden ser despojados de su estatus sin siquiera una explicación, ninguno de nuestros derechos está seguro.”
Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política Migratoria (CILP) de la Facultad de Derecho de UCLA:
“La orden de tres párrafos de hoy extiende ahora el poder del ‘shadow docket’ de la Corte Suprema a los fallos finales de tribunales inferiores, más allá de simples decisiones provisionales. Este es quizá el signo más extremo de que la Corte ha abandonado la ley para hacer política. No existe forma legal de justificar el enorme poder que la Corte se ha otorgado a sí misma. Tampoco puede reconciliarse con otras decisiones, incluso recientes, en las que permitió bloquear políticas pro-inmigrantes durante la administración Biden. Significativamente, la Corte ni siquiera lo intenta. Sus decisiones solo tienen sentido si aceptamos la verdad frente a nosotros: que la Corte Suprema ha abandonado por completo la función de aplicar la ley.”
Emi MacLean, abogada principal de la ACLU de California del Norte:
“Esta decisión es desgarradora, cruel e ilegal. Sin dar razones, la Corte Suprema ignoró un fallo final de un tribunal de distrito—basado en pruebas y argumentos—y emitió una orden inexplicada que arrebata el estatus legal humanitario de 600,000 personas prácticamente de la noche a la mañana. Si la ley significara algo, la solicitud infundada del gobierno habría sido rechazada. En cambio, la Corte Suprema ha permitido a la secretaria Noem ejercer un poder sin límites ni base legal.”
Erik Crew, abogado de Haitian Bridge Alliance:
“Este caso no ha terminado. Las personas a quienes representamos merecen algo mejor de Estados Unidos que estas decisiones de emergencia, sin fundamento, que eliminan protecciones legales esenciales frente a daños irreparables. Concuerdo plenamente con la disidencia de la jueza Jackson. Ahora seguimos hacia los argumentos de fondo en el Noveno Circuito.”
Cecilia Wang, directora legal de la ACLU:
“Una vez más, la Corte Suprema ha anulado la opinión razonada de un tribunal de distrito, dejando a cientos de miles de personas en peligro de perder sus empleos y ser detenidas y deportadas. La corte está desechando sus propios estándares para darle luz verde a las acciones ilegales de la administración Trump. El daño al estado de derecho y a las familias estadounidenses directamente afectadas es profundo.”
Los demandantes están representados por la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), las Fundaciones ACLU del Norte y del Sur de California, el Centro de Derecho y Política Migratoria (CILP) de la Facultad de Derecho de UCLA y Haitian Bridge Alliance (HBA).
Lea la decisión aquí. La orden del tribunal de distrito que fue suspendida está disponible aquí.
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