Comunicado de prensa

Ayer, varios estados y jurisdicciones locales presentaron escritos de amicus curiae en apoyo a los demandantes en el caso Ramos contra Nielsen, que impugna la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 300 000 personas de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán. Los titulares del TPS han vivido legalmente en los Estados Unidos durante años o décadas, pero corren el riesgo de perder su estatus legal a partir del 2 de noviembre si no interviene el tribunal.

El jueves, nueve titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS) y cinco de sus hijos ciudadanos estadounidenses presentaron una solicitud de medida cautelar para detener la terminación del TPS para Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador. En su demanda judicial, los demandantes revelaron por primera vez documentos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que muestran que los representantes de la Administración Trump que trabajan en el Departamento de Seguridad Nacional manipularon el proceso de toma de decisiones para poner fin al estatus TPS de las personas de estos países, a pesar de que las condiciones sobre el terreno exigían que se prorrogara el TPS según lo establecido en la ley.

Diez personas con Estatus de Protección Temporal (TPS) y cinco hijos ciudadanos estadounidenses de titulares de TPS presentaron hoy una demanda contra el gobierno federal para detener la terminación ilegal del TPS para más de 200,000 personas que viven en los Estados Unidos y para proteger a las decenas de miles de niños ciudadanos estadounidenses cuyos padres se verían obligados a irse bajo la política de la administración.